Senado aprueba reformas para reducir zona federal marítimo

Por mayoría de votos, el Senado de la República aprobó el dictamen que propone reformar los artículos 7 y 19 de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), para efectos de reducir la zona federal marítimo terrestre de 20 a 10 metros, con la finalidad de ampliar la superficie de la playa marítima y que sea transitable libremente y sin reservas.

Entre loas y aplausos a la “4T” y pese a lo advertido por científicos, académicos y especialistas del Instituto Nacional de Ingeniería de la UNAM, del Instituto Nacional de Ecología (INECOL) y de organizaciones civiles, el dictamen fue aprobado por 111 votos a favor, de las y los 115 legisladores presentes, al considerar que favorece a las y los mexicanos. Se registró un voto en contra y tres abstenciones.

El dictamen se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.

En tribuna, el senador por Quintana Roo del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), José Luis Pech, expuso que esta reforma es “un acto de justicia y busca decir adiós a las playas privadas”, garantizando su disfrute para todas y todos.

“Con esta modificación se busca dejar muy claro en la Ley General de Bienes Nacionales, que las playas marítimas incluyen los primeros 10 metros de arena a partir de la marea mas alta y que serán de uso publico, con acceso libre y franco al mar en cualquier dirección y sentido.

“En consecuencia, la zofemat, que actualmente comprende 20 metros por arriba de la pleamar se divide en dos partes: Los primeros 10 metros serán para el disfrute de mexicanas y mexicanos y los otros 10 se podrán concesionar”, sostuvo Pech, quien señaló que la reforma abarca lagunas, lagos y esteros o depósitos naturales de agua marina.

Incluso, dentro de su argumentación, dijo que ahora se podrá hacer realidad la canción de “Vamos a la playa”, que hiciera famosa Los Joa, en los años 80 y cuyo estribillo tarareo.

Confirman impacto futuro a municipios

Con la reducción de la zona federal, disminuirán a la mitad los recursos que los municipios recaudan por concepto de uso, goce y aprovechamiento de esa franja -hasta ahora de 20 metros- de quienes poseen una concesión, una vez que la vigencia de las concesiones actuales concluya.

El senador Pech aclaró que, debido a que la ley no puede ser retroactiva, las concesiones de zofemat vigentes se mantendrán abarcando sus 20 metros, hasta que culmine su vigencia, por lo cual “en este momento” no habrá afectación alguna a los ingresos federales o municipales.

No obstante, esto confirma que sí habrá una afectación, una vez que concluya la vigencia de las concesiones actuales, por lo que los impactos se resentirán en los próximos años.

La disminución de ingresos se traducirá en la desprotección de las propias playas, pues de lo recaudado por zofemat, sale el financiamiento para las labores de vigilancia, limpieza, inspección, conservación y protección de los arenales.

Quintana Roo el más afectado

En una mesa de análisis pública, celebrada el martes pasado, Iván Cáceres, Doctor en Ciencias, afirmó que el argumento para aprobar las reformas se basa en la falsa premisa de hacer públicas las playas que, por ley ya lo son, lo que se solucionaría con que la autoridad hiciera valer la ley.

El biólogo marino dijo entonces que tan solo en 2017, la recaudación en 165 municipios de 17 entidades costeras, por el uso, goce y aprovechamiento de la zona federal, le significó al gobierno mexicano 677 millones 300 mil 077 pesos, de acuerdo con lo reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).

Paradógicamente, es Quintana Roo, el estado representado por Pech Várguez, el que mayor impacto económico resentirá con la disminución de la zona federal y, por ende, de la recaudación.

Hoy, el senador manifestó que actualmente no es claro lo que se entiende por playa pública, pues no se definen sus dimensiones físicas y su concepto legal es complejo, contrario a lo que ocurre con la delimitación de la zofemat, lo cual favorece la autorización de concesiones privadas en las mejores playas del país, que impiden el disfrute de las y los habitantes.

El legislador omitió precisar que no todas las concesiones en zona federal son privadas, sino también se otorgan a través de acuerdos de destino, cuando se trata de autoridades y sirven para conservar y proteger recursos costeros. Esos acuerdos de destino también se verán disminuidos en superficie.

La senadora Ruth López, de Movimiento Ciudadano, respaldó a su homólogo Pech, al considerar que las reformas constituyen un avance en la aspiración de tener “playas libres” para todas y todos.

Tan libres, que otro senador comentó en la sesión de hoy, que preocupaba que al no haber restricción planteada en las reformas aprobadas, que cualquiera podría transitar libremente con un vehículo automotor.

Al respecto, horas antes de la sesión de este jueves, el Doctor Rodolfo Silva Casarín, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que la reforma está tan mal planteada, que permite transitar en una “cuatro por cuatro” sobre las playas que pretenden liberarse, lo que pone en riesgo las anidaciones de tortuga o a los mismos quelonios.

El experto reiteró que el dictamen abunda en definiciones y conceptos incorrectos; que el texto se pensó en función de que los 11 mil kilómetros de litoral de México, fuesen playas turísticas concesionadas, cuando en realidad muchas zonas de playa están incluso habitadas por comunidades de pescadores que se verán afectadas.

Entrevistado en el programa Prisma RU, de Radio-UNAM, Silva Casarín insistió que los impactos ambientales serán innumerables y graves, pues lo aprobado no toma en cuenta los procesos naturales y, a nivel legal, las reformas “no le dan certeza, ni a los mexicanos ni a los inversionistas”.

“El dictamen es engañoso”, sostuvo, al reiterar que se desprotegerán ecosistemas frágiles, al reducir la recaudación de recursos.

Este factor fue mencionado por la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), también por Quintana Roo, Susana González, quien pese a estar a favor del dictamen, presentó una reserva sobre el tema de la recaudación.

“Lo que aquí se está proponiendo es ampliar la franja de las playas de 10 metros más de lo que actualmente establece la ley para garantizar a los mexicanos el disfrute de un mayor espacio de terreno con playa. Sin embargo, dicha ampliación conlleva un recorte del 50 por ciento a la zona federal.

“Este recorte debe revisarse pues se corren riesgos de provocar graves daños al medio ambiente y al turismo (…) El recorte de la zofemat implica la disminución de concesiones y de ingresos para los municipios, lo que impactará directamente en el descuido de las playas”, dijo.

Debido a lo anterior, la senadora propuso adicionar al dictamen un artículo transitorio que obligue al gobierno federal a que, anualmente, asigne dentro de su presupuesto, “recursos suficientes” a municipios costeros para la vigilancia administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal, recuperación y conservación de las playas, lo cual no fue aceptado.

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