Aprueban diputados de BCS Revocación de Mandato

 

Con 18 votos a favor, el Congreso de Baja California Sur aprobó este viernes la Minuta enviada por la Cámara de Diputados que contenía la Revocación de Mandato y las Consultas Populares.

Los diputados avalaron con 18 votos a favor el dictamen; en cambio, hubo 3 abstenciones, de los legisladores Daniela Rubio Avilés, Elizabeth Rocha Torres y José Luis Perpuli Drew, del Humanista, PAN y de Renovación Sudcaliforniana (PRS), respectivamente.

Aunque fue aprobada este 12 de diciembre, la Minuta ya había sido avalada desde el pasado 13 de noviembre por los Congresos de 17 entidades federativas, requisito mínimo para entrar en vigor en el país.

Respecto a la tardía aprobación, la diputada Anita Beltrán Peralta cuestionó el por qué se recibió la Minuta hasta el pasado 10 de diciembre; en ese tenor, la presidenta de la Mesa Directiva respondió que, ante la toma de las instalaciones de la Cámara de Diputados en San Lázaro, muchos trámites no pudieron desahogarse a tiempo, entre ellos el envío del documento a varios congresos estatales.

Al pronunciarse durante la discusión del punto, varios legisladores se manifestaron a favor de la revocación, ya que aseguran que muchos gobiernos no son buenos y se debe remover al mandatario en turno.

La Minuta reforma diversas fracciones de los artículos 35, 36, 41, 81, 84, 99 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Entre los puntos relevantes en el tema de la Revocación de Mandato, es que se podrá solicitar un proceso de revocación de mandato, cuando se cuente con un número de peticionarios equivalente al 3% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, con una dispersión regional representativa de esa proporción en, al menos 17 entidades federativas.

El INE convocará al proceso para que los ciudadanos y ciudadanas participen con su voto en la determinación de revocar el encargo al Presidente de la República. Pero en ningún caso, podrá interpretarse el proceso de revocación de mandato como una posible consulta sobre la permanencia en el cargo o la ratificación del mismo, sólo se tratará de una figura ciudadana para determinar si opta por la conclusión anticipada del mandato conferido.

Establece que, entre las restricciones para ser objeto de consulta, están la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos, pues este instrumento no debe utilizarse para refrendar ningún cargo; y el sistema financiero y el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las obras de infraestructura en ejecución, con la finalidad de dar certeza jurídica a los actos que los originan y rigen.

Será faculta exclusiva del INE, promover la participación de la ciudadanía en los procesos de consulta popular, así como la prohibición para la contratación de parte de los particulares y las entidades de interés público de propaganda dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares (se prohíbe la propaganda gubernamental con esos fines).
El INE hará la difusión y promoción necesaria en forma objetiva e imparcial e informará adecuadamente a la población sobre el objeto y materias de la consulta.

Será un procedimiento de votación libre, directa y secreta, solicitado durante una sola vez en cada período presidencial o de gobierno en la entidad federativa correspondiente, cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de gestión del encargo constitucional; es decir, al concluir el tercer año de ejercicio constitucional.

Los procesos de revocación de mandato y, en particular, la jornada de votación no podrán realizarse en fechas coincidentes con la jornada electoral, ya sea federal o de las entidades federativas.

Para que el resultado de la votación surta efecto para revocar el mandato ejecutivo conferido, la participación de las personas inscritas en la lista nominal de electores deberá ser, al menos, del 40 % y una mayoría absoluta de los votos en el sentido de concluir anticipadamente la responsabilidad otorgada. Y corresponderá al Instituto Nacional Electoral llevar a cabo el cómputo de la participación ciudadana.

La comisión dictaminadora señaló que dicha figura “promueve que los ciudadanos den seguimiento a sus gobernantes, se mantengan informados y jueguen un papel central en el proceso de gobierno; asimismo, se convierte en una oportunidad para la sociedad de recuperar esa posibilidad de influencia en el representante, de reivindicar ese poder ciudadano de ratificarlo o removerlo de una manera democrática”.