Más bien son 54 años de impunidad

No se puede pensar el México contemporáneo al margen de la guerra sucia. Es imposible separar las acciones de contrainsurgencia que el Estado llevó a cabo para exterminar a la oposición de la aparición y posterior manejo de grupos del narcotráfico con fines de financiamiento a paramilitares en Centroamérica con la complacencia de agencias de inteligencia de Estados Unidos.

El núcleo que constituyó a la necropolítica, esta forma de violencia económica y política basada en el terror y en el despojo, tuvo su fundación en la década de los ochenta. Sus cuadros más importantes se formaron en las entrañas de la Dirección Federal de Seguridad y en los grupos de choque que empresarios en el norte del país financiaron para protegerse de grupos de la guerrilla urbana y campesina durante la década de los setenta.

El parteaguas de esta nueva configuración fue sin duda la represión violenta y brutal al movimiento de 1968. La juventud de la época, específicamente la mexicana, luchaba contra el autoritarismo, buscaba ser reconocida dentro del espectro político, quería mayor participación. Se dio una especie de choque con la familia revolucionaria que no comprendió los nuevos tiempos y que estaba anclada a los fracasos que la cúpula política generó después de la revolución.

El discurso de los herederos de la revolución ya no hacía eco en las juventudes de los años sesenta, y buscaron intervenir en la política misma que les fue negado. El autoritarismo se reflejó de múltiples maneras, desde el cercenamiento cultural, el ataque contra la Universidad a partir del bombazo a la preparatoria número uno hasta la masacre de la plaza de las tres culturas.

Pero el autoritarismo no desapareció, a pesar de que el movimiento antiautoritario no se rindió y siguió saliendo a las calles a pesar de sus muertos tal como sucedió el 10 de junio de 1971, la política de represión se mantuvo.

El halconazo, que se producirá en San Cosme, será producto de una política constante que Luis Echeverría Álvarez implementó para acallar la protesta y a los opositores. La mano dura del Estado se vivió con el mismo modus operandi de Tlatelolco que se distinguió de la participación del ejército para reprimir ciudadanos sin armas, aquí los agentes judiciales con ayuda además de porros generaron la represión a la primera manifestación que se producía después del 68.

Tanto Gustavo Díaz Ordaz como Luis Echeverría fueron cooptados por la CIA para ser informantes. Dos personajes que llegaron a la presidencia de la república, y los cuales contaron con el apoyo, en aquel entonces del discurso macartista e injerencista de Estados Unidos en América Latina.

Litempo-8 era el código utilizado por la CIA para identificar a su informante cuyo nombre era Luis Echeverría, esto no fue nada menor, ya que la organización militar y paramilitar que se produjo en torno a él inició uno de los periodos más nefastos en la historia política mexicana, la que se conoce como la guerra sucia o guerra de baja intensidad.

Después del 68 y el 71 los agentes de seguridad del Estado mexicano se dedicaron al asesinato y a la desaparición forzada selectiva de grupos políticos de izquierda que fueran identificados como objetivos.

Pareciera que este recuento nada más es un repaso histórico, como si este pasado dejase ya de actuar en nuestra temporalidad, esto si uno observa detenidamente no es así. Por poner un ejemplo, Fernando Gutiérrez Barrios, uno de los operadores que se formó en aquella época fue una pieza indispensable en la fundación de los grupos de narcotráfico más importantes que hasta nuestros días persisten.

El narcotráfico en México desde la década de los ochenta tuvo al Estado como su principal encubridor. Y esto fue posible justamente porque una vez que el partido de Estado empieza a convulsionarse sus principales agentes se independizan en el negocio de las drogas. Lo mismo sucedió con el golem que produjo la clase empresarial cuando deja de financiar a sus paramilitares o guardias blancas que actuaron para matar a guerrilleros o cualquier otra amenaza que pudieran identificar, estos se enfilan en los nuevos grupos que estaba produciendo la cocaína especialmente.

Los sueños del 68, que quedaron abiertos ahí para ser recogidos por próximas generaciones, tenían además una denuncia sumamente importante, como bien apuntaba Luis Arizmendi en su interpretación respecto de México, y es que los jóvenes eran ante todo un movimiento antiautoritario, es decir, se negaban a que el Estado reprimiera los derechos de las mayorías.

La guerra sucia o guerra de baja intensidad, vino a de violar esencialmente eso, el derecho a defenderte ante un juez, a que la justicia en todo caso se determinara en el sistema judicial. Se negó el derecho a ser vencido en un juicio. Lo que se impuso fueron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, ya que en el mejor de los casos tu cuerpo podía ser rescatado.

La lucha de una mujer como doña Rosario Ibarra de Piedra quien se negó sistemáticamente a la verdad que le buscaron imponer desde este oscuro periodo en la búsqueda por su hijo, gracias a ella y las mujeres en torno del Eureka hoy la memoria histórica sigue viva.

Es por ello por lo que habría más bien que decir que la veta autoritaria en México que se mantiene en el siglo XXI tuvo su germen en la impunidad ante el genocidio cometido contra estudiantes y jóvenes, y contra el asesinato y la desaparición selectiva del que el Estado echo mano para mantener su régimen. Todo esto con el apoyo de la cúpula del ejército.

No es el siglo de Echeverría como se han prestado a celebrar muchos columnistas y políticos, más bien son 54 años de impunidad y falta de justicia lo que ha generado un México sumamente desigual, un México en donde el estado de excepción sigue siendo la regla a través de la necropolítica.

La manipulación de Echeverría de apertura a China, del recibimiento de exiliados del golpe de Estado chileno, de una política de presunta ayuda al tercer mundo, no fueron más que un guion bien establecido entre la agencia a la que obedecía y la necesidad de lavar su cara por la represión ejercida al interior. Una época de tenebrosa.

Lo complejo del asunto, es que esto no se ha ido, justamente las nuevas generaciones deben exigir con mayor fuerza que la impunidad no siga siendo lo que rija la vida política de nuestra sociedad, la degradación de la vida pública y política que sigue manteniendo la violencia en niveles nunca antes visto exigen que los episodios del pasado sean resueltos por la justicia, para ello habría que apuntar a repudiar antiautoritariamente al régimen que permitió esto y abrir camino para la no repetición. Hoy más que nunca ni perdón ni olvido.

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