No temo a represalias del actual Gobierno: Sonia Murillo

Al darse a conocer que la Contraloría de Baja California Sur continúa los procesos de investigación en contra de exfuncionarios del gobierno que encabezó Mendoza Davis, Sonia Murillo, excontralora en esa administración expuso que no tiene temor por alguna posible represalia que el Gobierno del Estado actual pueda presentar en su contra.

La actual diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad sostuvo que hasta el momento no tiene conocimiento de denuncias que tenga que atender; asimismo, indicó mantener una relación laboral estrecha con los funcionarios de las dependencias estatales, así como con el propio gobernador en esta entidad, Víctor Castro.

“No, ahorita no tengo conocimiento de que haya denuncias en mi contra. De cierta manera hemos tenido el acercamiento tanto con funcionarios como con el señor gobernador, con quien mantengo una relación cercana, además, le hemos hecho ver que si a Baja California Sur le va bien, a todos los sudcalifornianos les va bien”.

La funcionaria federal aseguró que ha realizado trabajos en conjunto con el gobierno actual “sin distingo de colores” a lo largo y ancho de esta media península, por ello, afirmó sentir seguridad y tranquilidad para continuar con sus labores legislativas.

“Insisto, no hay notificaciones en mi contra, no tengo temor por represalias. Sigo trabajando. Estamos trabajando como estado por los sudcalifornianos, sin distingo de color, con cada una de la familias sudcalifornianas y sin revanchismo de colores”.

Hasta el momento, la titular de la Contraloría reportó que existen 22 denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Fiscalía General de la República; sin embargo, las que más han destacaron son los casos de la extitular del Instituto de Vivienda, Rosalva “N”, y el ex secretario de Finanzas Isidro “N”, quienes son señalados por el presunto delito de autoliquidarse poco más de 1 millón 700 mil pesos al culminar su gestión; y el supuesto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en detrimento del Gobierno del Estado y falsedad por certificar documentos, respectivamente.