Nueva Ley de Videovigilancia en BCS propone que viviendas y comercios instalen cámaras

La diputada local, Daniela Rubio Avilés, presentó una iniciativa para derogar y crear una nueva Ley de Videovigilancia para Baja California Sur, entre los elementos nuevos que contempla están el que los desarrolladores de viviendas y comercios instalen sistemas para conectarse a la Secretaría de Seguridad Pública. Fue en 2014 cuando se había creado la Ley de Videovigilancia en Baja California Sur, sin embargo, debido a las nuevas tecnologías, ésta ya se hizo obsoleta. En este nuevo instrumento legal consta de 60 artículos y 12 capítulos. Entre los puntos más destacables, se sanciona el uso indebido de estos dispositivos, garantizando la confidencialidad, integridad, seguridad y funcionalidad de la información generada, así como la protección de los datos. Se establece el marco legal para la operación de aeronaves pilotadas a distancia por instituciones de seguridad pública cuando así se requiera. Se crea un registro estatal de videovigilancia de los sistemas que operan las instituciones de seguridad pública, particulares, establecimientos mercantiles y empresas de seguridad privada. Los desarrollos inmobiliarios existentes o los de nueva creación deberán de contar como parte del equipamiento urbanos con sistemas de videovigilancia, los cuales deberán estar interconectados al C4. Obliga a los establecimientos mercantiles, particularmente los de gran afluencia, a instalar botones de alerta y sistemas de videovigilancia, debidamente registrados y conectados al C4, así como su plantilla de personal. Obliga a la generación de estadísticas por parte de la Secretaria de Seguridad Publica para conocer el impacto y los resultados de los sistemas de videocámaras, los cuales se darán a conocer a la población. La información obtenida a través de éstas se considerará como un medio de prueba en las investigaciones y en los procedimientos ministeriales y judiciales; de Justicia para Adolescentes; así como los administrativos, seguidos en forma de juicio. Los particulares tendrán el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de su información cuando aparezca una grabación.