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Proponen aumentar penalidad  en delitos sexuales y  violencia familiar en BCS

Proponen aumentar penalidad  en delitos sexuales y  violencia familiar en BCS
  • Se propone penalizar también las lesiones contra mujeres por razones de género y que provocan alteraciones en su salud, así como las lesiones infamantes y mutilaciones que se hacen con el ánimo de dejar huella en la mujer

La Paz.- Derivado del aumento de las denuncias por violación y abuso sexual en Baja California Sur, la diputada Daniela Rubio Avilés, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar diversos artículos del Código Penal en la entidad para elevar las penas mínimas y máximas de prisión para sancionar estas conductas; además de la violencia familiar y otros delitos.

En el caso de la violación equiparada, cometida contra menores de 12 años o una persona incapacitada para comprender la agresión, donde actualmente la pena es de diez a 15 años de prisión, según el Artículo 178, pasaría de 15 a 22 años. Para el abuso sexual, expresado en el Artículo 179, la pena actual es de seis meses a cuatro años de prisión y pasaría de tres a nueve años. Para los abusos sexuales contra menores de edad, estipulado en el Artículo 180, se extendería de cuatro a 12 años, cuando la vigente es de dos a cinco años.

También se propone elevar las penas de prisión en la violencia familiar, previsto en el Artículo 200 y donde sanciona a quien maltrate física, psicológica, emocional, patrimonial o económicamente a un miembro de la familia y la pena vigente es de uno a cinco años. La propuesta es elevarlo a tres años y seis meses a siete años seis meses de prisión.

  Además, se sujetará al activo del delito a tratamiento psicológico especializado, en aras a que no reincida en su conducta violenta.

La legisladora del Partido Humanista propone reformar también el Artículo 166, que prevé la “Omisión de cuidado”, es decir, a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla. La pena de seis meses a un año de prisión se elevaría a de uno a dos; asimismo, un agravante de dos a cinco años.

Adicionan un Artículo 166 BIS para aquel que exponga en una institución o ante cualquier otra persona, a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión. Si el responsable es ascendiente o tutor perderá los derechos que tenga sobre la persona y bienes del menor.

Caso contrario, no se impondrá pena alguna a quien ejerciendo la patria potestad de un menor, lo entregue en las Instituciones Públicas de Salud, Albergues del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y demás casas de asistencia social, ya sea por ignorancia, extrema pobreza o cuando sea producto de una violación debidamente denunciada o inseminación artificial practicada en contra de la voluntad de la embarazada, o cuando por el padecimiento de una enfermedad o edad avanzada, no esté en posibilidad de brindarle lo necesario para su subsistencia siempre que el menor entregado no supere los seis meses de edad, y que no muestre signos de maltrato, violencia o estado de salud precario que pudiera representar la comisión de un delito en contra del menor.

Asimismo, se propone crear el capítulo “Lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género”, penalizando las acciones que provocan alteraciones en su salud, como  lesiones infamantes y mutilaciones que se hacen con el ánimo de dejar una huella en la mujer.

Expone Rubio Avilés que “la violencia contra las mujeres no solamente se produce cuando se tiene la intención de privar de la vida a la víctima, sino también cuando la expresa finalidad es producir un daño o alteración en su salud mediante lesiones infamantes o degradantes, mutilaciones o violencia sexual de cualquier tipo”.

Añade que “muchas de las veces esas alteraciones se infligen con finalidad de dejar una marca indeleble que recuerde a la víctima las razones por la que se le produjo, causando un daño emocional irreparable”. Las sesiones causadas a las mujeres tendrían una penalidad de siete a 14 años de prisión, para quienes causen lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones a una mujer, por el solo hecho de ser mujer y dejar en ella una marca permanente de ese acto violento.

Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita que derivado de esa relación fueron infringidas las lesiones, se impondrán de nueve a 18 años de prisión.

Las penas de prisión se aumentarán en dos tercios, cuando las lesiones sean provocadas mediante el empleo de ácidos o substancias corrosivas, o como resultado de un procedimiento consistente en la mutilación o resección parcial o total de los genitales externos femeninos o mamas, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos.

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