50 años de prisión a culpable de secuestro exprés en CSL

Rodrigo Antonio “N”, de apodo "El Macario" deberá pagar una pena privativa de la libertad de 50 años, además de la reparación del daño moral y material a víctima

Durante audiencia celebrada el pasado viernes 03 de junio, la Unidad Especializada en el Delito de Secuestro de la PGJE, aportó los datos de prueba suficientes para dar sentencia de 50 años de prisión para Rodrigo Antonio “N”, conocido como El Macario, quien también deberá pagar 4 mil días de multa y la reparación del daño moral y material para la víctima y para la parte ofendida por el delito de secuestro exprés agravado, por haberse cometido en grupo de más de dos personas con violencia.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de marzo del 2019, cuando el imputado, en compañía de otras personas, llegaron a un domicilio en la colonia Mesa Colorada de la delegación de Cabo San Lucas, en donde obligó a la víctima a subir a un vehículo contra su voluntad amenazándola con una pistola. Posteriormente, se dirigieron a una reconocida institución bancaria, utilizándola como instrumento para que les entregara el dinero en efectivo, cuya suma ascendió a 599 mil 919 pesos. Posteriormente, la subió a otro vehículo, se la llevó y liberó en calles de la colonia Lomas del Sol.

Derivado de la denuncia de la parte ofendida y tras las investigaciones, el Agente del Ministerio Público de la unidad en mención, solicitó orden de aprehensión en contra de Rodrigo Antonio “N”, la cual fue cumplimentada por personal del área de Mandamientos Judiciales.

En dicha audiencia de individualización de sanciones, la cual se efectuó el pasado viernes 3 de junio en curso, fue condenado a Rodrigo Antonio “N”, a una pena privativa de la libertad de 50 años de prisión, al pago de 4 mil días de multa y la reparación del daño moral y material para la víctima y la parte ofendida por el delito tipificado como secuestro exprés agravado.

A la víctima le deberá pagar 12 mil pesos para terapia psicológica, así como la suma de 599 mil 919 pesos por concepto de perjuicio patrimonial ocasionado a la institución bancaria.

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