“Software espía” viola privacidad de sudcalifornianos

Ante la polémica que ha despertado el “software espía” de geolocalización que en fechas recientes adquirió el Gobierno del Estado a través de una licitación pública, el presidente del Colegio de postgrados en Derecho y Ciencias afines de Baja California Sur, expuso que dicho programa debería ser administrado por la Procuraduría General de Justicia del Estado y no por la Secretaría de Seguridad Pública, como actualmente ocurre.

Arturo Rubio Ruiz, titular del citado colegiado, señaló que el uso de este programa viola el derecho humano a la intimidad, el cual, se encuentra clasificado como un delito federal que se castiga hasta con 12 años de prisión; sin embargo, detalló que en los casos donde seguridad pública esté comprometida, se puede recurrir a estas herramientas bajo la estricta orden de un juez federal.

“El punto aquí es que el derecho humano a la intimidad está tutelado por tratados internacionales y por la Constitución. El que alguien acceda a mi información e interfiera mis comunicaciones y mi privacidad, es un delito. Hablando de las comunicaciones específicamente, se considera un delito federal que se castiga hasta con 12 años de prisión, pero como todos los derechos tiene una limitante cuando se trata de la seguridad pública”.

Ampliando el tema, el litigante indicó que la única manera de intervenir una línea telefónica es cuando se comete algún delito grave que requiera de la intervención de las comunicaciones, para la cual, debe ser autorizado por un árbitro judicial de la federación.

El jurisconsulto también sostuvo que la mencionada Secretaría no tiene facultades para investigar cualquier tipo de delitos ni cuenta con la autorización federal debida para realizar investigaciones a través de este software, por lo cual, sostuvo que la administración estatal está actuando al márgen de la ley.

“Lo que nos alarma en el estado es que no es la Procuraduría la que está manejando ese software, sino que es la Secretaría de Seguridad Pública quien lo administra, esto de acuerdo con la declaración del propio secretario. Con el simple hecho de que tenga ese equipo y que diga que lo están utilizando ya está reconociendo que se está actuando al margen de la Ley. La única circunstancia en la que se puede utilizar la intervención de comunicaciones, es en la investigación de delitos graves y solo lo puede hacer en materia local, el procurador de Justicia como titular del Ministerio Público”.

Si bien no existe algún instrumento con el que la ciudadanía pueda acceder para detectar si está siendo espiada, el defensor señaló que los usuarios de telefonía móvil que sospechen de alguna intrusión a su privacidad tienen disponibles las solicitudes de acceso a la información para consultar a las dependencias estatales los agravios que se consideren.